Minería metálica: Contaminación institucional*

Además de la contaminación ambiental, los daños económicos, los conflictos sociales y los prejuicios a la salud humana, la minería de metales preciosos genera corrupción y lo que podríamos llamar “contaminación institucional”.

Ésta consiste en que las empresas mineras penetran, con su propaganda y su dinero, las instituciones del Ejecutivo, el Parlamento, el sistema judicial y las alcaldías.

Estas instituciones, entonces, se ponen al servicio de los intereses de las compañías extractivas, en detrimento de sus funciones establecidas en la Constitución de la República, leyes secundarias y reglamentos.

La responsabilidad gubernamental de responder a las necesidades de la población y de defender los intereses nacionales pasan a un segundo plano. Lo primordial es atender las exigencias de las transnacionales que buscan explotar los recursos minerales sin importarles las graves consecuencias ambientales, económicas y sociales que esto genere.

Es decir, las instituciones estatales encargadas de garantizar la protección de los ecosistemas y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y ambientales de la población se convierten en su verdugo al permitir que las empresas mineras dañen su agua, actividades productivas y su salud, lo cual conduce finalmente a la muerte.

Pero esta contaminación institucional no se efectúa únicamente en los entes gubernamentales, sino también en instituciones sociales y comunitarias como las iglesias, asociaciones de desarrollo local (ADESCOS´s), entre otras.

La empresa minera que más contaminación institucional provoca actualmente en el país es la canadiense Pacific Rim, que pretende extraer oro y plata en Cabañas, Santa Ana y otros sitios de la zona norte, donde está nuestra principal reserva estratégica de recursos hídricos y de donde provienen los ríos que reciclan las ya contaminadas aguas del Lempa, que abastece del vital líquido al 50% del área metropolitana.

La primera de las instituciones contaminadas por Pacific Rim es el Ministerio de Economía, pues su titular Yolanda Mayora de Gavidia repite la propaganda de la compañía minera referida a la generación de empleos y al pago de regalías, a pesar de que la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha cuestionado estos proyectos.

La Asamblea Legislativa es el ente estatal más contaminado por la empresa canadiense, sobre todo el grupo parlamentario del PCN –y en buena parte los de ARENA y PDC– que impulsan el tenebroso proyecto de nueva ley de minería elaborado por los abogados de Pacific Rim, aún cuando hace un año estos partidos se expresaban en contra de la explotación minera.

Diputados del PCN declaran su interés en aprobar la referida ley “antes de la campaña electoral” y admiten “tener compromisos con la empresa (Pacific Rim)”, sin importarles la oposición de la jerarquía católica, la exhortación de 45 congresistas estadounidenses ni la reacción de las comunidades que lucharán contra la minería hasta las últimas consecuencias.

Entre las alcaldías contaminadas por la mencionada compañía minera destacan, especialmente, las de San Isidro, Guacotecti, Sensuntepeque (Cabañas) y Texistepeque (Santa Ana), cuyos ediles son promotores de Pacific Rim. La empresa minera, a cambio, les financia proyectos locales, fiestas patronales y, probablemente, sus campañas electorales.

El alcalde arenero de San Isidro (Cabañas), Ignacio Bautista, ha llegado al extremo de integrar “comités ambientalistas” en varias comunidades de su municipio para promover la “minería verde”.

No es casualidad que el proyecto de exploración más avanzado de Pacific Rim es la mina El Dorado, ubicada en el cantón San Francisco El Dorado, San Isidro.

Una actitud distinta muestra el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, quien acompaña a las comunidades que resisten a la amenaza de los proyectos de Pacific Rim en el norte de Santa Ana.

Esto lo ha llevado a enfrentarse a los diputados y al resto de dirigentes de su partido PCN.

Varias ADESCOS y algunas iglesias evangélicas, principalmente de Cabañas, no han escapado de la contaminación de Pacific Rim. Incluso, algunas parroquias católicas promueven los proyectos mineros, contrariando con esto la postura de la Conferencia Episcopal en contra de la explotación minera.

La sede fiscal y los tribunales de Sensuntepeque también están contaminados por la minería. Por eso defienden los proyectos de Pacific Rim, ante la resistencia social creciente.

En 2007 procesaron seis demandas contra Fermán Menjívar, acusado de agredir a un promotor minero en una protesta de la comunidad Trinidad. Ahora hacen lo mismo con su tía Edelmira Menjívar, quien a causa del enjuiciamiento sufre daños psicológicos y complicaciones en su embarazo.

Sin ser parte formal en los juicios, los abogados de Pacific Rim entran “como Juan por su casa” a los juzgados de Sensuntepeque. Incluso, pobladores de la zona han visto a funcionarios judiciales entrar a agencias bancarias, acompañados de personeros de Pacific Rim, después de participar en las audiencias.

También elementos del Ejército y de la PNC han sido utilizados para “defender” las instalaciones mineras cuando las comunidades realizan protestas.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería.

http://www.diariocolatino.com/es/20080305/opiniones/52778/