EDITORIAL: La vorágine de la violencia (El Independiente)

La vorágine de la violencia

Raúl Gutiérrez*

Más de 16.000 salvadoreños fueron asesinados entre 2003 y 2007 y otros cientos fueron lesionados como consecuencia de la crisis de violencia y criminalidad que azota al país. Esta cifra evidencia el impacto de estos fenómenos en la vida cotidiana de los salvadoreños, quienes sobreviven en medio de la incertidumbre y zozobra.

A esta tragedia humana se le suman los costes económicos y sociales, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), alcanzaron más de 2,010 millones de dólares en el año 2006, equivalentes al 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño. Costos que en Centroamérica, ese mismo año, se elevaron a 6.500 millones de dólares.

El estudio "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica", encargado por CNSP, también detalla los efectos de la violencia en la salud física y emocional de la población.

Si bien este espiral de criminalidad ha afectado a todo el país, la denominada Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), conformada por 14 municipios y donde se concentra el 27 por ciento de la población nacional y el 50 por ciento de la actividad económica, se ha convertido en la más violenta del país.

De los 3.928 homicidios cometidos durante el 2006, casi 1.500 fueron perpetrados en el AMSS; es decir un 40 por ciento. Según datos oficiales, el ochenta por ciento de todos los homicidios son cometidos por una de las 450.000 armas de fuego que circulan en el país, de las cuales únicamente 219.000 están debidamente registradas.

Este repunte de la violencia a partir del 2003, ha expuesto a la población a una especie de guerra difusa en la que participan la delincuencia común, pandillas, crimen organizado, ajustes de cuentas personales y entre bandas, sicariato y últimamente, grupos de exterminio, que cometen masacres, asesinatos crueles, secuestros, extorsiones, asaltos y tráfico de drogas.

Frente a esta ola de criminalidad, los dos últimos gobiernos (el de Francisco Flores 1999-2004) y el del actual presidente Antonio Saca, han desarrollado acciones contra la violencia en las que se ha privilegiado un enfoque represivo, particularmente contra miembros de pandillas, con la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura.

La ejecución de estas medidas logró el fichaje y el encarcelamiento de al menos 5.000 pandilleros, llevando a los centros penitenciarios a su tope. Actualmente la población privada de libertad asciende a 19.800, cuando el sistema penitenciario apenas tiene capacidad para no más de 7.500, señalan analistas.

Especialistas en el tema de violencia aseguran que estas medidas represivas, lejos de resolver la problemática, agudizaron los niveles de violencia y dispararon las tasas de homicidios. Para superarla, aseveran, se tienen que atacar las causas históricas y estructurales que la reproducen de generación en generación.

El más reciente censo de población y vivienda (2007), indica que la población salvadoreña es de 5,744,113 y no 7,1 millones como habían estimado las autoridades. Este ajuste disparó aún más la tasa de homicidios por lo que durante 2006, ésta alcanzó casi 68 por cada 100.000 habitantes, según el estudio del CNSP. La tasa para 2007 todavía se desconoce.

Aunque las autoridades de Seguridad Pública aseguran que las pandillas son responsables de al menos un 70 por ciento de los asesinatos y delitos graves, datos del IML de 2006 establecieron que sólo 11,8 por ciento de los homicidios pueden ser atribuibles a estas agrupaciones, un 18,2 se atribuyen a la delincuencia común, 3,0 a otros móviles, mientras que de un 67.0 se desconocen las causas del hecho.

Enrique Gomáriz, un especialista en el tema de violencia, juventud y género destaca que en Centroamérica –y particularmente en El Salvador–, se vive una guerra entre los jóvenes y contra éstos, esencialmente del sexo masculino, y que la tasa de homicidios de jóvenes en la región, entre los 17 y 29 años, se estima en 149 por cada 100 mil habitantes.

Los registros del IML indican que de los 3.928 homicidios en el año 2006, el 60 por ciento (2.389) eran jóvenes entre 15 y 29 años.

Otros especialistas han señalado que en medio de esta vorágine, los dos últimos gobiernos en su "afán" de detener esta ola de criminalidad, han debilitado el Estado de derecho y han convertido el "sistema de justicia no sólo en represivo sino en uno de carácter ‘retaliativo’ o vengativo".

En tanto, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, la Iglesia Católica y organismos internacionales han presentado estudios y recomendaciones tendientes a prevenir y combatir la violencia, pero han sido ignorados por los distintos gobiernos, subrayan sus representantes.
*raices.com.sv/LaVoraginedelaViolencia.html

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