La privatización indirecta del agua (CoLatino)

Ahora que las organizaciones ciudadanas aglutinadas en el Foro del Agua, la Red Sinti Techan y en el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre advierten sobre la posible privatización de los recursos hídricos si éstos son incluidos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es pertinente referirnos a los permisos de exploración y explotación minera como mecanismos de privatización indirecta del agua.

En anteriores artículos hemos denunciado los dos grandes perjuicios directos de la minería metálica en el vital líquido: la escasez –debido a su uso intensivo en la separación del oro y a la profundización de los mantos acuíferos causada por las perforaciones– y la contaminación –provocada por la utilización de venenos como el cianuro, la generación de drenaje ácido y por el desprendimiento de metales pesados como el plomo, arsénico, cromo y talio.

Ahora abordamos un tercer gran impacto negativo de los proyectos mineros: la privatización de los recursos hídricos y su consecuente violación del derecho humano al agua. Ésta se efectúa cuando las empresas mineras se apropian de las fuentes de agua superficial y subterránea ubicadas en los territorios concesionados por el gobierno para explorar y extraer oro, plata y otros metales preciosos existentes en el subsuelo.

Estos ríos, vertientes y mantos acuíferos abastecen a miles de pobladores. Pero cuando los afluentes quedan en terrenos adquiridos por las compañías mineras, la población es privada del acceso al vital líquido. Esto ya es una lamentable realidad en varias comunidades de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque (Cabañas) donde, además, las perforaciones de Pacific Rim ya secan pozos y vertientes en El Palmito, Hacienda Vieja y Chacalín.

Esto podría suceder en Texistepeque (Santa Ana), Nueva Concepción (Chalatenango), El Divisadero (Morazán) y otros municipios de la zona norte, si la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta de nueva ley minera elaborada por representantes de Pacific Rim y sus empresas “prestanombres” como Minerales Morazán. Y si el acuerdo comercial con Europa facilita la entrada de compañías mineras europeas, los daños serían todavía más mortales.

Por esa razón el Parlamento debe abstenerse de avalar una ley minera que permita esta catástrofe, así como el Ejecutivo debe excluir la comercialización del agua y la explotación de los recursos minerales del tratado comercial con los países europeos. La escasez, contaminación y privatización disfrazada de los recursos hídricos en el país, ya es muy grave. Esto disminuye su disponibilidad, calidad y acceso.

Por tanto, ninguna medida (aprobación de nueva ley minera, inclusión del agua y los recursos naturales en el acuerdo comercial con Europa, privatización descarada, etc.) que dañe los recursos hídricos y violente el derecho humano al agua, debe ser avalada por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo ni por las alcaldías. El llamado es especial para los diputados del PCN y ARENA miembros de la Comisión Ad Hoc de Minería.

Estos diputados –Orlando Arévalo, Roberto Angulo, Francisco Merino, Donato Vaquerano, Vicente Menjívar y Mario Marroquín– ratificaron su respaldo al tenebroso proyecto de ley el pasado 2 de abril, luego de la presentación de voceros de Pacific Rim y Minerales Morazán en la referida comisión legislativa. “Nuestras dudas sobre la minería están aclaradas”, dijo Arévalo, quien se mostró seguro de aprobar la ley, sin importarle sus efectos.

De los diputados del PCN no hay mucho que decir: su compromiso con las empresas mineras es evidente y el pueblo los juzgará. Pero los de ARENA deberían acatar la postura del Ejecutivo y abstenerse de respaldar la ley de Pacific Rim. Vaquerano, Menjívar y Marroquín deben recordar que los ministerios de Economía y de Medio Ambiente proponen realizar estudios estratégicos de impacto antes de aprobar una nueva normativa.

*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

http://www.diariocolatino.com/es/20080416/opiniones/54052/